domingo, 5 de septiembre de 2010

TV Digital, decretazo electorero

El “apagón”: otro decretazo electorero
Jenaro Villamil

Rvista Proceso 5 septiembre 2010
#1766


Sin consultar a los legisladores y sin resolver los problemas más importantes en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, Felipe Calderón aprovechó el escaparate de su IV Informe de Gobierno para anunciar un decreto relativo a la televisión digital. La medida no sólo constituye “un golpe de timón”, sino que, de acuerdo con los expertos, tiene tintes electorales, vulnera la legalidad y terminará dando más a los que más tienen...



Sin comprometerse a una reforma integral en materia de medios electrónicos y telecomunicaciones, y estableciendo un calendario coincidente con los tiempos de la sucesión de 2012, el nuevo decreto de Felipe Calderón relativo a la transición hacia la televisión digital terrestre (TDT) constituye “un golpe de timón” y no resuelve ninguno de los temas pendientes y más graves en el sector.

Al presentar su cuarto informe de gobierno, Calderón causó sorpresa con el anuncio del nuevo decreto, que modifica el acuerdo sobre el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox.

Sin consulta previa con legisladores o agrupaciones especializadas en el tema, el decretazo de Calderón está en sintonía con las dos recientes licitaciones en telecomunicaciones –la de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y la banda 1.7 Ghz para telefonía móvil– que beneficiaron a Televisa y sus socios con la creación de un Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), que le da a la Presidencia de la República el control de los medios públicos, y con la designación de Mony de Swaan, exasesor de Juan Molinar Horcasitas, como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Especialistas consultados por Proceso coincidieron en que se trata de una tendencia del gobierno calderonista para “recuperar el control presidencial” en la política de medios electrónicos y “darle la vuelta al Congreso”, donde no ha prosperado ninguna de las reformas propuestas a las leyes Federal de Radio y Televisión y Federal de Telecomunicaciones.

El acuerdo original sobre la transición hacia la televisión digital, redactado y promovido por asesores de Televisa y TV Azteca durante el gobierno de Vicente Fox, estableció que el llamado “apagón analógico” sería en 2021 y adoptó como estándar tecnológico el modelo estadunidense conocido como Advanced Televission Systems Committee (ATSC).

Ese acuerdo fue ampliamente benéfico para los concesionarios, ya que permitió la prórroga automática hasta 2021 de sus 462 concesiones de televisión, 94% acaparadas por Televisa y TV Azteca; les asignó un “canal adicional”, conocido también como canal espejo, y no estableció la posibilidad de que otros competidores pudieran obtener nuevas frecuencias ni de que se dieran servicios convergentes en telefonía, internet o televisión restringida (el triple play).

El nuevo decreto de Calderón disminuye de 2021 a 2015 el “apagón analógico”, mantiene el modelo ATSC de digitalización y libera 108 megahertz, pertenecientes a los canales 52 al 69 que comprenden la banda de 700 megahertz.

Dicha liberación será en 2012, año de la sucesión presidencial, conforme al párrafo cuarto del artículo primero del decreto, que dice: “liberar la banda de 700 Mhz para el año 2012 y así posibilitar la prestación de otros servicios de telecomunicaciones para favorecer el uso eficiente de dicha banda”.

El decreto también ordena la formación de una Comisión Intersecretarial –integrada por los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Economía y Educación Pública, así como por el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)–, cuya labor principal será garantizar el cumplimiento de los términos establecidos para el “apagón digital” y la distribución de los nuevos aparatos decodificadores que se adaptarán a las televisiones tradicionales para recibir las señales digitales.

No aclara el decreto si en la licitación de nuevos canales y servicios de telecomunicaciones participarán firmas distintas a las dos grandes empresas que concentran ya las 462 concesiones de televisión ni establece ningún candado que evite una mayor concentración en los servicios convergentes de triple play.



Maniobra mediática



Los especialistas Gabriel Sosa Plata y Raúl Trejo Delarbre, consultados por Proceso, coinciden en resaltar que se trata de un anuncio mediático que tiene como virtud reconocer que la compresión de los canales analógicos a digitales permitirá la existencia de más canales televisivos y de otros servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo, Sosa Plata advierte que este fue “un golpe de timón” de Felipe Calderón, porque “está legislando por decreto”, y tampoco garantiza la convergencia plena, ya que para lograrlo “se deben modificar forzosamente las leyes de radio y televisión y la de telecomunicaciones”.

“Hay que revisar si la disminución de 2021 a 2015 para la devolución de los canales espejo no afectará derechos adquiridos por los concesionarios, y si no habrá más litigios en el sector”, comenta Sosa Plata, consultor en materia de telecomunicaciones.

El especialista advierte que el decreto no resuelve ninguno de los “temas candentes” del sector, como son el cambio de título de concesión de Telmex para que pueda entrar a ofrecer servicios de televisión restringida; la renovación de las concesiones de MVS en la banda 2.5 Ghz; el caso de HiTV, ofrecido por TV Azteca; el apoyo a los medios públicos y la situación de la transición digital para las concesiones y permisos de radio.

Para Raúl Trejo Delarbre, académico de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el decreto no determina “de qué manera propiciará que haya más opciones; es decir, que no surjan más canales de las mismas empresas –Televisa y TV Azteca– que hoy acaparan 94% de la televisión comercial”.

Trejo Delarbre destaca que existe “una batería de preguntas” que no resuelve el decreto: “¿Vamos a tener una sociedad digital para todos o sólo para unos cuantos? ¿Cuáles van a ser las pautas que determinarán la devolución de los llamados ‘canales espejo’?”.

Y ejemplifica: “Televisa tiene el canal 48, que repite en alta definición la señal del canal 2; los canales 49, 50 y 44, que replican a los canales 4, 5 y 9; Azteca cuenta con los canales 24 y 25, que reproducen de manera digital al 7 y al 13. Se trata, como se les dice de manera oficial, de canales espejo. Si no hay previsiones al respecto, la transición digital que el presidente Calderón proclama como puerta a la pluralidad servirá fundamentalmente para que las televisoras que ya tienen demasiados canales tengan muchos más”.

–¿Entonces no se acabará con la concentración? –se le cuestiona.

–La concentración se multiplica. Los que ya tienen mucho, van a tener mucho más.

–¿Existe alguna continuidad entre los recientes decretos de Calderón, como el que crea el nuevo organismo público de medios audiovisuales o el reglamento de la SCT y este nuevo?

–Estamos ante una colección de retazos aislados y no de una política coherente. No veo la coherencia entre el OPMA (Organismo Promotor de Medios Audiovisuales) y éstos.

–¿Es necesaria una reforma integral en esta materia?

–Sí, claro. Esto tendría que pasar por una ley integral para la radio, la televisión y las telecomunicaciones.

El más reciente intento de discutir una reforma en el Congreso sucedió el 8 de abril de este año. El senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, presentó una iniciativa, apoyada por legisladores priistas, que vino con la “huella digital” de la empresa Televisa, mientras que el diputado federal panista Javier Corral y el coordinador de Acción Nacional en el Senado, Gustavo Madero, presentaron otra iniciativa con la “huella digital” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Proceso 1746).

La imposibilidad de llegar a un acuerdo impidió que ambas iniciativas se dictaminaran. A raíz de este “atorón” legislativo, Calderón continuó con su política de decretos. Emitió uno para crear el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y se evitó una discusión para crear una ley que regule los medios públicos.



Veto priista



El mismo día en que se dio a conocer el decreto, los senadores priistas Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía González y Fernando Castro Trenti criticaron el anuncio de Calderón porque, afirmaron, vulnera la autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y presenta un sesgo electoral.

Beltrones, recién estrenado como presidente de la Mesa Directiva del Senado, advirtió que lo más conveniente es “una reforma legal en próximas fechas que incluya las comparecencias de algunos funcionarios públicos, particularmente del secretario de Comunicaciones y Transportes, con quien platicaremos sobre la disposición y voluntad que tiene para llevar a cabo estas modificaciones”.

Mejía González, secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, manifestó que el decreto de Calderón “vulnera la legalidad”, ya que de conformidad con la sentencia 07/2009 de la Suprema Corte de Justicia, que derogó artículos de la Ley Televisa, la única autoridad en materia de radiodifusión es la Cofetel.

Castro Trenti enfatizó que su bancada impulsará en el Senado una “nueva ley de telecomunicaciones con el objetivo de modernizar el sector, dándole certidumbre jurídica y transparencia, para que fomente la inversión, garantice la concurrencia de todas las redes en los servicios de convergencia tecnológica, disminuyendo sus tarifas y elevando la calidad, a la vez que suprima la discrecionalidad y los intereses políticos en la toma de decisiones regulatorias”.

El senador bajacaliforniano recordó que está pendiente la transición de las radios de AM a FM, así como la democratización de los medios de comunicación, “permitiendo la entrada de nuevos competidores”.

Para Castro Trenti es “inquietante” que el decreto de Calderón venga acompañado de una propuesta para que en 2011 la Secretaría de Desarrollo Social distribuya receptores digitales a los hogares mexicanos, “año electoral emblemático, por lo que es indispensable que el Congreso reglamente su distribución, transparente el proceso y garantice que efectivamente llegue a todos los hogares”.

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